Martes 7 de junio 2022.-No fue poca cosa. El golpe de Estado de noviembre del 2019 significó el triunfo de los sectores fascistas sobre los movimientos sociales, las masacres de Sacaba y Senkata tendrán efectos duraderos sobre la conciencia popular y la confianza en las instituciones uniformadas. Estamos hablando de un daño irreparable que se hizo a la democracia, con un saldo funesto de 38 muertos, centenares de heridos, miles de encarcelados, torturados y exiliados.
La organización y ejecución del golpe tuvo autores materiales e intelectuales, tuvo responsables directos e indirectos, pues es ridículo pensar que la señora Jeanine Añez de manera individual y sin apoyo ingresó violentamente al Palacio, conformó una PRESIDENCIA DE FACTO, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, y ejecutó acciones que cercenaron la democracia y los derechos humanos a punta de matanzas, represión y persecuciones contra toda persona a la que calificaran de «masista».
Por supuesto que Añez no actuó sola; hubo personas que organizaron la violencia, la pusieron en práctica, convocaron a manifestaciones llenas de rascismo y odio, realizaron paros cívicos forzados, reclutaron y entrenaron grupos paramilitares y parapoliciales desde meses antes, hicieron el traslado de numerosos contingentes de activistas de ultraderecha hacia La Paz en los días más críticos de noviembre, tomaron contacto y financiaron a los mandos policiales para que se amotinen, acordaron también la insubordinación de los mandos militares (no es casual que los generales Kalimán y Orellana estén hoy protegidos en Estados Unidos), realizaron la quema de viviendas de autoridades del gobierno de Evo Morales, convocaron a reuniones en instalaciones de la iglesia católica (la Universidad Católica) para forzar la conformación de un gobierno ilegal de facto con el que reemplazar al gobierno derrocado, tomaron contacto con la persona elegida (Añez) por gente que no eran diputados ni senadores ni nada, organizaron su llegada a la sede de gobierno, la apoyaron en sus actos usurpatorios y delictivos, armaron el nuevo gabinete (una verdadera asociación delictuosa), redactaron los decretos (como el decreto de la muerte) y ejecutaron las masacres para consumar su Golpe de Estado.
Si no se investiga y sanciona todos estos hechos que constituyen la verdad histórica, se dejará un precedente de impunidad que alentará a que en el futuro surjan nuevas Añez, Murillos, López, Kalimanes, Calderones y Orellanas.
Acá está en juego el futuro de nuestra democracia; sancionar a los culpables del terror de Estado de hace 3 años permitirá garantizar que por muchos años nadie se atreva a ejecutar golpes de Estado disfrazándolos de «lucha contra el autoritarismo». No es asunto de venganza, sino de Justicia. Por eso las organizaciones populares como el «Pacto de Unidad» y la «Alianza de organizaciones de mujeres», así como organizaciones de derechos humanos como el «Comité Impulsor de Justicia», comienzan a pronunciarse levantando su voz: no basta la máxima condena penal a Añez en el juicio ordinario «Golpe II», hay que reiniciar inmediatamente el proceso ordinario «Golpe I», hay que echar a andar nuevos juicios ordinarios contra los responsables materiales e intelectuales, contra los autores directos e indirectos, que tienen nombres y apellidos: Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Oscar Ortiz, Carlos Mesa y Ricardo Paz, Waldo Albarracín, los mandos policiales y militares, Iván Arias y todo el «gabinete» de Añez, los dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista y Comcipo. Ellos tendrán que acudir a los tribunales, ejercer su defensa y ser sancionados conforme a las leyes y al principio de justicia.
Ningún «juicio de responsabilidades», la derecha y los gringos están buscando la impunidad, acogiéndose a un privilegio constitucional que no corresponde a ningún golpista que de manera violenta haya conformado una presidencia inconstitucional y de facto, no le corresponde, por tanto, a la señora Añez, tal como ha confirmado la doctrina y la práctica, doctrinalmente con la Sentencia Constitucional 0052/2021 y prácticamente con el propio juicio ordinario denominado «Golpe II», cuya jurisdicción ella ha aceptado presentando recursos legales y constitucionales. Ahí está el debido proceso.
El pueblo está levantando su voz, hay que seguir denunciando las traiciones de infiltrados de ideología derechista como el ministro de justicia Iván Lima, no hay que confiar en timoratos como los que lo mantienen en el gabinete a pesar de tanto reclamo de los movimientos sociales, no hay que confiar en fiscales y jueces que han demostrado que son corrompibles, hay que confiar solo en la acción movilizada y consciente del pueblo.
