El analista político y actual director General de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, Israel Quino Romero, se opone a la contratación de personal eventual en esta instancia legislativa, quien a pesar de ejercer labores de funcionario público, no cumple con estar en su puesto de trabajo, pues diferentes medios de prensa lo buscan desde el viernes pasado para preguntarle sobre la doble función que cumple, y las razones por las cuales hasta ahora la mayoría del personal de los legisladores están en la incertidumbre.
Quino, quien se hizo conocido como analista político y jurídico en diferentes medios de prensa, funge ahora como hombre de confianza del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien fue notificado, mediante cedulón, por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por la sesión camaral irregular del 26 de diciembre pasado, y ahora corre el riesgo de ser procesado junto a su Directiva por la Fiscalía General del Estado.
Quino, es uno de los abogados más críticos y opositores al Gobierno de Luis Arce Catacora, antecedente suficiente para que Andrónico Rodríguez quien Pacto con la derecha tome los servicios del colegiado, sin importarle que es un enemigo del MAS-IPSP. en toda su trayectoria profesional.
La semana pasada funcionarios que trabajan con legisladores de las bancadas de oposición y el bloque ‘arcista’ denuncian que están en medio de un fuego cruzado entre los distintos bloques de senadores y el ala ‘evista’, en el que también participa la Dirección Jurídica del Senado. Aseguran que son víctimas de represalias y que vulneran sus derechos laborales constitucionales porque no les pagan sus sueldos, no pueden renovar sus contratos y su situación laboral es incierta.
Los funcionarios de esa repartición legislativa denunciaron a EL DEBER que estas acciones son impulsadas por el nuevo director jurídico del Senado, el abogado Israel Quino, quien, según los trabajadores, en coordinación con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y Evo Morales, impulsan una serie de acciones como una suerte de represalia por el recurso que presentó el bloque ‘arcista’ ante el TCP y que suspendió de forma temporal las atribuciones de la directiva camaral.
El Deber tuvo acceso a una de las cartas que hicieron llegar los funcionarios de esta Cámara a varias oficinas administrativas, entre ellas al oficial mayor de la Cámara de Senadores, Raúl Salinas, en la que le hacen conocer su preocupación por el conflicto que se suscitó en esa instancia.
La principal observación se centra en el comunicado del 3 de enero. En él, se señala que “no se cuenta con la resolución de la directiva necesaria para aprobar asignaciones presupuestarias para el área legislativa”.
Previo a este aviso, el 21 de diciembre de 2023, la oficina de Recursos Humanos del Senado emitió el comunicado CS OM N° 014/2023-2024, dirigido a todas las instancias camarales para la contratación de personal eventual y los requisitos que deben cumplir para tal efecto. No obstante, el 3 de enero sale se comunicado de que todo está suspendido.
Todo esto, aparentemente, porque el TCP en el Auto Constitucional 558/2023 -CA de 29 de diciembre de 2023, suspendió las atribuciones de la directiva camaral. Cuatro senadores del bloque ‘arcista’ presentaron un recurso ante el TCP en contra de la convocatoria a sesión publicada por Rodríguez y que contradice la instructiva del presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, donde dispone receso parlamentario.
En la carta, los funcionarios del Senado hacen notar que la directiva camaral por norma y reglamentos internos no tiene tuición para cuestiones administrativas, es decir, no está bajo su cargo, pago de sueldos o contrataciones. Eso le corresponde a la MAE.
“Su autoridad como MAE del sistema administrativo de la Cámara de Senadores, conforme al artículo 181 del reglamento de la Cámara de Senadores, tiene toda la tuición de emitir los actos que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución del presupuesto”, se lee en parte de la misiva.
La misma continúa: “es por ello que la emisión del comunicado referido (a la suspensión de la designación de recursos) y el cortado del biométrico de fecha 4 de enero, constituye una vulneración de nuestros derechos al trabajo y remuneración justa contemplados en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado”.
Del mismo modo, los funcionarios hacen notar que en el Auto Constitucional del TCP, en ningún punto señala que se deben suspender los actos administrativos. “La suspensión de competencia de la directiva alcanza únicamente a los actos emergentes de las sesiones 30, 31 y 32 de la Cámara de Senadores y no así a los actos administrativos los cuales deben cumplirse conforme a ley”.
Los funcionarios que se contactaron con este medio hacen notar todas estas observaciones y señalan que el abogado Quino propició estas acciones, vulnerando los derechos de más de 250 funcionarios de la Cámara Alta.
“Este tema es una represalia contra los cuatro senadores arcistas que presentaron el Amparo contra la sesión que convocó Andrónico y pretenden que todos los funcionarios del área legislativa del Senado se pongan en contra de éstos senadores ‘arcistas’ (…) todos los funcionarios del área administrativa coinciden en que este problema lo ha generado a propósito el abogado Israel Quino, para que se diga que ‘por culpa de estos cuatro senadores se ha paralizado todo el trabajo en el Legislativo”, dijo una fuente de esta instancia camaral a este medio que pidió reserva de su identidad por temor a represalias.
