05 de octubre 2025 .- Filtraciones y documentos oficiales con sello de recepción revelan omisiones contables, manipulación de estados financieros y una red de poder que habría perseguido judicialmente a dirigentes sindicales y amenazado con cerrar la empresa.
Una red de poder bajo la sombra de la impunidad
DATACOM S.R.L., empresa vinculada a ENTEL S.A. y al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, enfrenta una de las crisis institucionales más graves de su historia.
Un informe interno identificado como DAT-SGAF/INF-RM/012/2025, filtrado a este medio, detalla omisiones contables materiales, decisiones financieras irregulares y una preocupante falta de transparencia administrativa.
El documento, con sello oficial de recepción del 22 de septiembre de 2025, fue remitido al Directorio de DATACOM S.R.L. y alerta sobre la remisión de información financiera inconsistente a instancias internas y externas, pese a las advertencias técnicas del área contable.
El maquillaje financiero que encubre pérdidas
Según el estado de resultados cerrado al 31 de agosto de 2025, las utilidades netas se desplomaron de Bs 1.365.501 (2024) a apenas Bs 29.823 (2025), sin una explicación económica coherente.
Expertos en auditoría consultados sostienen que el documento presenta ajustes manuales y eliminaciones de reportes financieros, lo que configuraría un probable caso de maquillaje contable para simular estabilidad empresarial.
Una fuente interna afirmó que “se ordenaron modificaciones de última hora y se eliminaron observaciones técnicas del personal contable”, señalando directamente a la Gerencia General como responsable.
Los señalados: una estructura interna bajo sospecha
Las denuncias internas y filtraciones anónimas apuntan a una red de funcionarios vinculados a la Gerencia General encabezada por:
- Luis Mario Charcas Viscarra, Gerente General.
- Julio Ernesto Portugal, Subgerente de Recursos Humanos.
- Óscar Campero Araníbar, Subgerente Legal.
- Carola Cárdenas, Subgerente de Finanzas, designada sin respaldo técnico.
- Fernando Béjar, Jefe de Administración, con ítem originalmente destinado a Salud Ocupacional.
De acuerdo con los testimonios recopilados, este grupo habría direccionado contrataciones, desviado fondos y autorizado pagos a proveedores con vínculos familiares, en abierta contradicción con la normativa laboral y los principios de ética institucional.
Amiguismo y contrataciones sin perfil técnico
A las denuncias de corrupción y manipulación administrativa se suma ahora el amiguismo en la designación de nuevos cargos jerárquicos, favoreciendo a personas sin experiencia comprobada en atención al cliente ni trayectoria profesional acorde a sus funciones.
Fuentes internas señalan que Diego Alcocer Frontanilla, designado como Subgerente de Atención al Cliente, y Igor Vedia Guzmán, actual Jefe de Auditoría Interna, habrían sido incorporados por vínculos personales con la alta gerencia, pese a su falta de conocimiento técnico y antecedentes de denuncias por actos de corrupción durante su paso por la empresa estatal Insumos Bolivia.
Trabajadores del área operativa advierten que esta práctica debilita la gestión institucional y genera malestar interno al promover un modelo de lealtad personal sobre la competencia profesional, reproduciendo una estructura de poder basada en favoritismos y relaciones de conveniencia.
“Estamos viendo cómo se repite el mismo patrón: se contrata a amigos sin perfil, se ignoran los méritos del personal capacitado y se castiga a quienes reclaman transparencia”, declaró una fuente bajo reserva.
Negocios familiares y conflicto de intereses
Fuentes reservadas aseguran que parte de los fondos desviados se canalizan a través de un negocio privado ubicado en Achumani, vinculado al entorno familiar del Gerente General, lo que podría configurar lavado de dinero y conflicto de intereses.
“Se están usando contratos simulados y empresas familiares para mover recursos de la compañía hacia fines personales”, denunció un exfuncionario del área de Finanzas.
Persecución sindical, despidos y amenazas
La crisis también tiene un rostro sindical.
Entre el 28 y 29 de julio de 2025, varios dirigentes nacionales y regionales de la Federación Sindical de Trabajadores DATACOM de Bolivia (FESTRADAB) fueron desvinculados arbitrariamente, pese a encontrarse en pleno ejercicio de su mandato.
Posteriormente, resoluciones ministeriales del Ministerio de Trabajo ordenaron su restitución inmediata, reconociendo la vulneración del fuero sindical y de los derechos laborales fundamentales.
Sin embargo, tras su reincorporación, los dirigentes denunciaron procesos civiles inventados, presiones psicológicas y amenazas directas por parte de la Gerencia General y del Directorio de DATACOM S.R.L.
“Nos dijeron que si seguíamos denunciando, cerrarían DATACOM y dejarían a todos los trabajadores del país sin empleo”, declaró uno de los dirigentes bajo anonimato.
Juristas laborales advierten que estas prácticas constituyen acoso institucional, persecución sindical y coacción laboral, violando los convenios internacionales de la OIT sobre libertad sindical.
Silencio del Directorio y omisión institucional
Pese a las reiteradas alertas remitidas por la Federación, el Directorio de DATACOM S.R.L. no ha emitido pronunciamiento oficial ni dispuesto auditorías externas.
Las notas formales presentadas desde meses atrás advertían sobre mal manejo administrativo, contrataciones irregulares y manipulación contable, pero fueron ignoradas sistemáticamente.
“Lo más grave no es solo el ataque a los dirigentes sindicales, sino el silencio de quienes debieron fiscalizar”, afirmó una fuente sindical.
La transparencia no puede esperar
El caso DATACOM S.R.L. se ha convertido en un símbolo de cómo la corrupción administrativa, el amiguismo y el abuso de poder pueden prosperar dentro de estructuras públicas sin control efectivo.
La existencia de un informe con sello oficial, junto a las denuncias y la persecución sindical documentadas, evidencian un patrón que ya no puede ser negado
