El 69 por ciento de la coca excedentaria de encuentra en zonas autorizadas de La Paz y Cochabamba
La Paz, 08 de agosto de 2024 .— De acuerdo con el último monitoreo presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la situación de los cultivos de coca en los departamentos de La Paz y Cochabamba presentan una sobreproducción. Datos oficiales detallan que el 69% de coca excedente se encuentra en zonas autorizadas y el 31% en zonas no autorizadas.
El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, informó que en el departamento de La Paz, la superficie permitida para el cultivo de coca es de 14.300 hectáreas. Sin embargo, el monitoreo de la UNODC revela la existencia de 18.544 hectáreas de cultivos, lo que representa un excedente de 4.254 hectáreas. De este excedente, el 62% (2.651 hectáreas) se encuentra en zonas autorizadas y el 38% (1.603 hectáreas) en zonas no autorizadas.
Por su parte, en el departamento de Cochabamba, donde están permitidas 7.700 hectáreas, se registraron 11.388 hectáreas de cultivos de coca. El excedente total es de 3.688 hectáreas, con un 76% (2.790 hectáreas) en zonas autorizadas y un 24% (898 hectáreas) en zonas no autorizadas.
“El total excedente en zona autorizada es de 5.442 hectáreas, que representa, a nivel nacional, que el 69% de coca excedente se encuentra en zonas autorizadas, y el 31% (2.051 ha) se encuentra en zonas no autorizadas”, mencionó la autoridad.
El Viceministro subrayó la importancia de retomar el control social en las zonas autorizadas para la producción de la hoja de coca. “Es importante retomar el control social en zonas autorizadas para la producción de la hoja de coca, donde las comunidades, las organizaciones productoras de la hoja de coca, tienen que ejercer el autocontrol para que no exista coca excedentaria en zonas autorizadas”, enfatizó Mamani Espíndola.
Para esta gestión, el Gobierno nacional tiene como objetivo erradicar más de 10.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Este esfuerzo se enmarca en la política de control y racionalización de cultivos, en línea con los compromisos internacionales y las leyes nacionales.
