06 de noviembre 2026 .- La Paz no está dispuesta a perder Bs 750 millones. En una sesión que duró más de tres horas, la Asamblea de la Paceñidad votó por unanimidad en contra del perdonazo tributario propuesto por concejales, al considerar que ese dinero ya tiene destino: el presupuesto 2027. Son recursos para obras, salud, educación, bacheo, alumbrado y gestión de riesgos que la ciudad no puede darse el lujo de regalar a un grupo de morosos.
El alcalde César Dockweiler expuso ante las organizaciones e instituciones paceñas las consecuencias de la iniciativa y alertó sobre serias observaciones legales y constitucionales. Según explicó, la propuesta no pasó por las consultas correspondientes ni tomó en cuenta el daño presupuestario que provocaría al municipio. El mensaje fue claro: no se puede premiar a quien no paga y castigar a la ciudad que sí cumple.
Ante ese escenario, la Asamblea resolvió rechazar la norma, exigir respeto a la legalidad de la directiva del Concejo Municipal y nombrar a un representante de la ciudadanía para activar una acción popular si es necesario. También respaldó la ruta legal del Ejecutivo Municipal, que alista una acción de inconstitucionalidad abstracta y una acción de cumplimiento, sin descartar acudir al Ministerio Público si se insiste en aprobar el perdonazo.
La Paz no está dispuesta a perder Bs 750 millones. En una sesión que duró más de tres horas, la Asamblea de la Paceñidad votó por unanimidad en contra del perdonazo tributario propuesto por concejales, al considerar que ese dinero ya tiene destino: el presupuesto 2027. Son recursos para obras, salud, educación, bacheo, alumbrado y gestión de riesgos que la ciudad no puede darse el lujo de regalar a un grupo de morosos.
El alcalde César Dockweiler expuso ante las organizaciones e instituciones paceñas las consecuencias de la iniciativa y alertó sobre serias observaciones legales y constitucionales. Según explicó, la propuesta no pasó por las consultas correspondientes ni tomó en cuenta el daño presupuestario que provocaría al municipio. El mensaje fue claro: no se puede premiar a quien no paga y castigar a la ciudad que sí cumple.
Ante ese escenario, la Asamblea resolvió rechazar la norma, exigir respeto a la legalidad de la directiva del Concejo Municipal y nombrar a un representante de la ciudadanía para activar una acción popular si es necesario. También respaldó la ruta legal del Ejecutivo Municipal, que alista una acción de inconstitucionalidad abstracta y una acción de cumplimiento, sin descartar acudir al Ministerio Público si se insiste en aprobar el perdonazo.