La Paz, 6 de julio de 2026.- En medio de la aguda fractura política que atraviesa el Gobierno, el secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpaj Katari", Vicente Salazar Limachi, rompió este lunes el silencio para desmentir categóricamente cualquier vínculo con el expresidente Evo Morales.
El pronunciamiento surge como respuesta directa al informe del DACI de la Policía Boliviana, que derivó en su aprehensión el pasado sábado en la ciudad de El Alto, y que, según el dirigente, forma parte de una estrategia de persecución política contra las organizaciones sociales.
En un documento dirigido a la opinión pública, Salazar Limachi afirmó que "en ningún momento ni circunstancia alguna" se ha reunido o mantenido contacto con el exmandatario, calificando de "completamente falsas" las versiones que pretenden vincularlo institucionalmente con el líder del evismo.
La aclaración cobra relevancia en el actual escenario nacional, donde cualquier acercamiento a Evo Morales es leído como una toma de posición en la disputa interna que mantiene al Movimiento Al Socialismo (MAS) en una guerra abierta por el poder y la conducción del partido.
Respecto al operativo policial, el dirigente sindical se detuvo en precisar que el vehículo tipo camioneta doble cabina, diésel, Hilux, en el que fue interceptado, no es de su propiedad personal, sino que pertenece a la Federación "Túpac Katari" y es utilizado para las labores de representación de las 20 provincias del departamento.
Con esta aclaración, Salazar Limachi buscó desvirtuar las especulaciones sobre un supuesto uso indebido de recursos o vínculos particulares con estructuras paralelas, subrayando el carácter institucional y colectivo del bien móvil.
El líder campesino elevó el tono de su denuncia al señalar directamente al informe elaborado por la Dirección de Asuntos Internos (DACI) de la Policía, al que tildó de "manipulador y parcializado". Según su declaración, el reporte oficial fue confeccionado a medida para consumar su detención y posterior proceso judicial, configurando lo que él considera un intento deliberado de criminalizar la legítima lucha sindical.
"Únicamente fui portavoz de las bases campesinas", remarcó, rechazando que su accionar encaje en los delitos que se le imputan en el marco de la investigación que motiva su aprehensión.
Salazar Limachi hizo un llamado a la defensa de la autonomía sindical y al respeto irrestricto del debido proceso, advirtiendo que no cesarán en su lucha contra la persecución política. El pronunciamiento, emitido este 6 de julio, cierra con un mensaje de firmeza hacia el Gobierno y el ente investigador, al tiempo que evidencia la creciente judicialización del conflicto político interno, donde dirigentes intermedios quedan atrapados en la pugna de los pesos pesados del oficialismo.
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