La Paz, 1 de octubre de 2026.-Injerencia , intromisión , lo cierto es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este jueves su respaldo al presidente Rodrigo Paz tras la detención del fiscal general Roger Mariaca y otras 13 personas por presuntos vínculos con el narcotráfico.
"La Administración Trump respalda firmemente al presidente y al Gobierno democráticamente electo de Bolivia, mientras éste adopta medidas firmes y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", escribió Rubio en su cuenta de X, en un mensaje que vincula las acciones bolivianas con el compromiso asumido en la reunión del Escudo de las Américas.
El respaldo internacional llega en un momento de máxima tensión para el Gobierno de Paz, que enfrenta una crisis económica sin precedentes, una impopularidad superior al 50% y una serie de escándalos de corrupción que permanecen impunes.
El caso Cerimedo, las 32 maletas de Viru Viru, los 189 kilos de oro confiscados, las narcoavionetas, la gasolina basura y los negociados en YPFB y la ANH son solo algunos de los episodios que han salpicado a la administración sin que, hasta la fecha, existan sentencias o responsables sancionados.
El respaldo de Washington, lejos de resolver esos pasivos, los coloca en una contradicción: Estados Unidos avala a un gobierno que durante meses permitió que un operador extranjero como Fernando Cerimedo operara desde el Palacio de Gobierno y que hoy enfrenta procesos por enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio.
El anuncio de Rubio se produce apenas dos días después de que el Departamento de Estado revocara la visa a Mariaca y a otros 12 funcionarios bolivianos, acusándolos de "solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico". La secuencia es reveladora: primero Washington señala a los funcionarios corruptos, luego el Gobierno boliviano los detiene, y finalmente Rubio felicita a Paz por "acciones audaces y decisivas".
La operación, sin embargo, no oculta que la estructura criminal que el Gobierno dice haber "desmontado" operaba desde el propio corazón del Ministerio Público y que durante años no fue detectada por las mismas autoridades que hoy celebran su caída.
La oposición y analistas políticos ya advierten que el respaldo de Rubio no debe interpretarse como un aval a la gestión de Paz, sino como una jugada geopolítica de Washington para garantizar la estabilidad de un aliado en el marco del Escudo de las Américas. El propio Rubio vinculó las acciones bolivianas con la "influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas", un discurso que el Gobierno de Paz ha utilizado para justificar la ampliación del Estado de Excepción, la militarización de fronteras y la represión de las protestas sociales.
Mientras el Ejecutivo se escuda en el respaldo internacional para blindarse, los bolivianos siguen esperando respuestas a los casos de corrupción que el propio Gobierno prometió esclarecer y que hoy, a un año de gestión, permanecen en la más absoluta impunidad.