Jueves, 4 de junio de 2026.- El secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupaj Katari, Vicente Salazar Limachi, desmintió las declaraciones del gobierno de Rodrigo Paz que aseguraban un supuesto acercamiento de su organización a una mesa de diálogo. Calificó como una maniobra de desinformación y advirtió que ni la Tupaj Katari ni la Bartolina Sisa han presentado ningún petitorio formal ni han solicitado negociar con el Ejecutivo.
El dirigente campesino insistió en que la única demanda pública sostenida hasta el momento consiste en que el Estado cese la criminalización contra las organizaciones sociales, liberando a todos los detenidos que hoy sirven como moneda de cambio político.
El dirigente denunció que el Ministerio Público, bajo la actual administración, ha llevado adelante procesos ilegales contra numerosos hermanos campesinos, quienes solo por portar elementos simbólicos de su identidad y autoridad —como la credencial, el sello, el poncho y la korawa de mando— enfrentan ahora graves acusaciones penales. Entre los cargos imputados figuran asociación delictuosa, instigación pública a delinquir e incluso atentados contra el presidente y otros dignatarios del Estado.
Salazar calificó estas acusaciones de desproporcionadas y carentes de fundamento, y señaló que muchos de los procesados se encuentran actualmente bajo detención domiciliaria con fianzas inalcanzables, mientras que otros han sido enviados a la cárcel de San Pedro en condiciones que calificó de inhumanas. “Nosotros somos simples portavoces de nuestras bases”, afirmó Salazar, quien exigió la liberación inmediata, pura y simple de todos los detenidos, así como el borrado total de sus antecedentes judiciales y policiales.
El ejecutivo de los campesinos paceños argumentó que las aprehensiones fueron ilegales desde su origen y que detrás de cada detenido no hay un delincuente, sino una familia, una comunidad, una subcentral, una central y una provincia entera. En ese sentido, reiteró que el reclamo de las bases es claro y contundente: ni un paso atrás en la exigencia de justicia y cese de la persecución política.
En su pronunciamiento, Salazar Limachi también se dirigió directamente a las bases de la federación para tranquilizarlas y reafirmar su compromiso inclaudicable. “En ningún momento y de ninguna manera traicionaremos el mandato que ellos nos han dado”, dijo, al lamentar que el gobierno intente generar división al interior de las organizaciones campesinas mediante la manipulación informativa. Acusó al Ejecutivo de buscar quebrar la unidad de los sectores movilizados, sembrando falsas versiones sobre supuestos acercamientos al diálogo que nunca existieron.
Salazar hizo un llamado a la opinión pública y a la comunidad internacional para que ponga atención a lo que definió como una sistemática vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales contra el movimiento campesino. "No vamos a cesar las movilizaciones hasta que se garantice la libertad plena de todos los aprehendidos y se detenga la judicialización de la protesta social. Detrás de cada detenido hay una familia que sufre y un pueblo que exige justicia”, concluyó Salazar.
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