La Paz, 14 de octubre de 2026.- Un documento oficial basado en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2026, difundido por legisladores, revela que la Unidad de Comunicación Estratégica, reparte una pauta publicitaria estatal de Bs 30.466.830 en total, con una concentración escandalosa en el canal estatal Bolivia TV (Bs 15.000.000), que absorbe casi la mitad del presupuesto.
Le siguen en la lista Unitel (Bs 3.351.210), El Deber (Bs 2.700.000) y Red Uno (Bs 2.295.230), mientras que medios con mayor credibilidad y sintonía como ATB (Bs 153.600) y RTP (Bs 86.010) reciben asignaciones irrisorias, y el canal DTV apenas Bs 68.800, evidenciando un castigo sistemático a los espacios críticos.
También llama la atención que el canal Abya Yala, creado por la Fundación del expresidente Evo Morales, reciba Bs 500.000, una cifra que supera con creces lo asignado a medios de larga trayectoria como Radio Panamericana, radio Fides o Radio Erbol.
El diputado Carlos Alarcón (Unidad) denunció que esta distribución reproduce prácticas de gestiones pasadas destinadas a favorecer a empresas afines y perjudicar a los espacios críticos, fomentando la autocensura. Cuestionó que el Gobierno, en lugar de democratizar los recursos, centralice la asignación presupuestaria en favor de empresas periodísticas afines, y anunció que su bancada llevará un proyecto de ley al pleno de la Cámara de Diputados para establecer criterios objetivos de reparto, tomando en cuenta el rating y el público de cada medio.
El diputado José Luis Porcel (Alianza Libre), responsable del comité a cargo del tratamiento normativo, criticó abiertamente la concentración de estos fondos en manos del Poder Ejecutivo y censuró las recurrentes demoras de los Ministerios de la Presidencia y de Economía en emitir los informes técnicos solicitados, calificando esta actitud como un patrón oficial que vulnera las atribuciones fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa. "El trámite no queda anulado y la iniciativa será llevada al pleno para buscar consensos", aclaró Porcel, en un intento por destrabar una norma que busca poner fin al manejo discrecional de los recursos públicos.
Por su parte, la diputada Claudia Herbas (Alianza Popular) remarcó la independencia de poderes e instó a que la pauta publicitaria oficial deje de utilizarse como una herramienta para condicionar líneas editoriales o ejercer control político. Dijo que la Asamblea Legislativa debe cumplir sus funciones de fiscalización y legislación con transparencia y sin subordinarse a las directrices del Ejecutivo, y apoyó la propuesta de que los propios medios ejerzan su derecho de autorregulación para garantizar la pluralidad de voces.
El escándalo del reparto publicitario se produce en un contexto de crisis económica y de creciente cuestionamiento a la gestión del presidente Rodrigo Paz, quien prometió austeridad y transparencia pero ha terminado replicando las mismas prácticas de manipulación mediática que criticaba del masismo.
Mientras los bolivianos enfrentan el encarecimiento de la canasta familiar y la escasez de combustible, el Gobierno destina Bs 30 millones a una campaña de propaganda que premia a los medios que alinean su línea editorial con el Palacio Quemado —incluido el canal del evismo— y castiga a quienes ejercen el periodismo crítico.