La Paz, 16 de septiembre de 2026.- Estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana (UNIBOL) Quechua “Casimiro Huanca” instalaron desde las 05:00 de este miércoles un bloqueo indefinido en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, a la altura de Senda II, en el municipio de Chimoré. La medida, que corta por completo el tránsito vehicular en uno de los ejes viales más importantes del país, es la tercera protesta en menos de un mes por el mismo conflicto, lo que evidencia la incapacidad del Gobierno de Rodrigo Paz para atender un pliego petitorio que lleva casi dos meses sin respuesta.
Los universitarios exigen la destitución del rector Milton Contreras —a quien acusan de presuntos hechos de corrupción—, el respeto al Decreto Supremo 29664 que establece a Chimoré como sede de la universidad, el descongelamiento de las cuentas del SIGEP que garantizan la alimentación de los estudiantes, y rechazan cualquier intento de trasladar la institución a Tolata. “Ya estamos casi dos meses pidiendo una solución y, como no se ha podido dar, por eso comenzamos con el bloqueo indefinido”, declaró Juana C.T. una de las estudiantes, visiblemente indignada por la indiferencia oficial.
El bloqueo se ejecuta en pleno Estado de Excepción, el régimen que el Gobierno pretende prorrogar por 90 días más con el argumento de garantizar la paz social y la reactivación económica. La medida, sin embargo, no ha servido para prevenir el conflicto ni para abrir canales de diálogo con los sectores movilizados.
Los estudiantes advirtieron que no levantarán la medida hasta recibir una respuesta concreta del Ministerio de Educación, mientras la Terminal de Buses de Cochabamba suspendió las salidas por la ruta nueva, obligando a los viajeros a desviarse por la carretera antigua.
La crisis en la UNIBOL Quechua es un reflejo de la desatención estructural del Gobierno hacia la educación superior indígena y los pueblos del trópico. Mientras el Ejecutivo se jacta de “ordenar la casa” y destina miles de millones a sostener la subvención a los combustibles, las universidades indígenas del país sobreviven con cuentas congeladas, rectores cuestionados y estudiantes que llevan semanas sin garantías para su alimentación ni continuidad académica.
La indiferencia del Ministerio de Educación, que ni siquiera ha enviado una comisión para dialogar, es una muestra más de un Gobierno que solo reacciona cuando la crisis estalla en las calles.