La Paz, 11 de septiembre de 2026.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, volvió a quedar en el centro de la polémica al condicionar la activación de un referéndum revocatorio y la depuración del padrón electoral a la aprobación de un nuevo paquete de leyes que su institución recién comenzó a socializar, afirmó el coronel de Ejército en servicio pasivo, Marcelo Treviño.
Lamentó que en lugar de dar respuestas claras a una ciudadanía que exige certidumbre, Ávila planteó que los requisitos actuales son "excesivamente complejos" y que todo debe revisarse en una reforma electoral profunda.
'La postura de Ávila no es nueva. En junio, cuando los bloqueos y movilizaciones exigían la renuncia del presidente Paz, el titular del TSE calificó esos pedidos como "antidemocráticos" y defendió que las autoridades electas debían concluir sus mandatos", recordó Treviño.
"Vamos a defender a todas las autoridades que han sido electas mediante voto popular", declaró Ávila en ese entonces, cerrando la puerta a cualquier salida institucional que no pasara por los mecanismos que él mismo controla.
Ahora, Ávila sostiene que el referéndum revocatorio es una herramienta "positiva", pero que sus plazos y requisitos deben analizarse a fondo en la nueva reforma electoral. El problema es que esa reforma no estará lista hasta finales de noviembre, según admitió el propio Ávila, y su socialización tomará meses más.
Es decir, la herramienta que podría permitir a los bolivianos decidir sobre el futuro de sus autoridades queda atrapada en un laberinto burocrático.
La depuración del padrón electoral corre la misma suerte. Ávila anunció en enero que se iniciarían las gestiones para un nuevo padrón en 24 meses, pero hasta ahora solo se ha presentado un padrón "depurado" de 7.429.516 electores para las subnacionales de marzo, sin que se haya auditado a fondo el millón de votos que, según denuncias recurrentes, serían irregulares. La promesa de un padrón confiable sigue siendo una promesa.
Mientras el TSE se enreda en mesas de diálogo y talleres departamentales, la crisis política no da tregua. El diputado Edgar Zegarra ya pidió la destitución de Ávila por "atentar contra la democracia" y recordó que el titular del TSE fue designado vocal por el gobierno de Luis Arce, lo que pone en duda su independencia. La sombra del pasado masista persigue a Ávila.
La estrategia de Ávila parece clara: ganar tiempo. Al condicionar el revocatorio y la depuración del padrón a un paquete de leyes que su institución debe redactar y socializar, el titular del TSE dilata cualquier posibilidad de que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir. Mientras tanto, el Gobierno de Paz respira tranquilo, sabiendo que su principal escudo es un órgano electoral que prefiere la parálisis a la transparencia.
"¿Hasta cuándo el TSE seguirá poniendo excusas para no cumplir con su obligación constitucional? La democracia no se defiende con discursos ni con mesas de diálogo; se defiende garantizando que la voluntad popular pueda expresarse sin obstáculos. Y Ávila, con su estrategia dilatoria, está haciendo exactamente lo contrario", dijo el coronel Treviño.