23 de septiembre 2026 .- Un golpe judicial a Rodrigo Paz , el fiscal general Roger Mariaca tumbó en un acto público la legalidad del Decreto Supremo 5515 de gobernanza a distancia y reconoció explícitamente a Diego Ávila como presidente en ejercicio de Bolivia.
La pugna institucional estalló por el viaje de Rodrigo Paz a la Asamblea de la ONU y la salida simultánea del vicepresidente Edmand Lara a Paraguay, situación que reactivó la aplicación estricta de la sucesión constitucional fijada en el artículo 169 de la CPE.
El titular del Ministerio Público desconoció el mecanismo de gobierno por internet de Rodrigo Paz y proclamó al presidente del Senado al mando del país. El artículo 169 de la CPE manda la transmisión de mando presencial, por lo que el Decreto Supremo 5515 carece de rango constitucional para evitar la suplencia.
La declaración del Fiscal General sepulta en público la legalidad de la gobernanza digital de Paz y abre una severa crisis sobre la validez de los actos ejecutivos firmados desde el exterior.
Crece la incertidumbre jurídica y la vulnerabilidad de todos los decretos y resoluciones firmados fuera del territorio nacional por el presidente ausente.
Ante las autoridades presentes en el acto del Palacio de Justicia, Mariaca aseveró enfático: “(Un saludo) al presidente de la Cámara de Senadores y, como yo le decía anoche, presidente Constitucional el día de hoy en Bolivia porque para mí lo es. No estando el presidente y el vicepresidente, quien asume es el presidente del Senado”.
El pronunciamiento de la máxima autoridad del Ministerio Público deja sin piso legal al Ejecutivo, que defendía la validez de la firma digital para administrar el Estado desde Estados Unidos. Esta postura judicial acorrala al Gobierno y avala el reclamo de la sucesión legal en el Órgano Legislativo.