25 de noviembre 2025 .- La abogada Orureña Paola Verónica Prudencio Candia fue elegida este martes como nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), luego de que los magistrados electos en 2024 —Boris López, Amalia Laura y Ángel Dávalos, además de la propia Prudencio— sesionaran en Sala Plena y la designaran por unanimidad.
La elección se produjo horas después de que la Sala Constitucional de Potosí dispusiera el cese inmediato de funciones de los magistrados autoprorrogados, quienes permanecieron en el cargo pese a tener mandatos fenecidos desde diciembre de 2023. Tras la notificación, abandonaron el edificio del TCP y hasta el cierre de esta edición se desconoce su paradero. Los involucrados son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas.
En su primer mensaje institucional, Prudencio afirmó que la justicia constitucional “no debe ser símbolo de poder, sino de protección”, y señaló que el país deja atrás “una de las páginas más oscuras” de su historia judicial. “Hoy el tiempo de la autoprórroga ha terminado. Las puertas de este tribunal se cierran a la arbitrariedad”, sostuvo.
REFORMAS INMEDIATAS EN EL TCP
Contexto e Impacto en la Agenda Nacional
La nueva autoridad anunció una serie de medidas para restablecer la institucionalidad del órgano:
• Reconfiguración de salas y del Comité de Admisión.
Análisis de la Redacción
• Sorteo transparente de causas, para evitar manipulaciones internas.
• Convocatoria pública para cubrir cargos jurisdiccionales vacantes.
• Revisión del presupuesto institucional y adopción de criterios de austeridad.
• Auditoría integral de casos, con énfasis en aquellos que generaron controversia durante la gestión prorrogada.
Asimismo, Prudencio remarcó que el TCP ya no será “un órgano de persecución”, sino un garante de derechos. “Los jueces constitucionales no recibirán llamadas de nadie. Venimos a sanear la justicia constitucional y a devolver confianza al país”, afirmó.
La recomposición del TCP abre una nueva etapa en medio de un prolongado conflicto sobre la legitimidad de autoridades judiciales. El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa aguardan las siguientes decisiones del órgano, mientras el país observa un proceso inédito de transición forzada en la justicia constitucional.
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