21 de noviembre 2026 .-

Diversos actores políticos y activistas de Bolivia han solicitado prisión, denuncias penales y la renuncia o expulsión parlamentaria de los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli (del Partido Demócrata Cristiano - PDC) tras la filtración de audios en los que presuntamente presiona y amenaza a la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Daniela Quiroga, para la contratación de personal.
Bilbao y Medinacelli pedían a Quiroga direccionar licitaciones millonarias de AISEM, gobierno no se pronuncia
Los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli no solo habrían presionado a la exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Daniela Quiroga, para contratar a personas de su entorno, sino también para direccionar licitaciones y acelerar procesos de adjudicación de contratos millonarios. Así lo denunció la exautoridad, quien afirmó que dos de los tres legisladores señalados le exigían intervenir en las contrataciones de la institución.
Quiroga relató que Medinaceli le decía que debía convocar determinadas licitaciones de inmediato y que los procesos tenían que salir rápidamente. También aseguró que, durante una reunión, le dijeron que todas las licitaciones eran de Claudia Bilbao. “Entre líneas, pedían que se teledirija alguna licitación”, señaló al referirse a las exigencias que habría recibido. Según la exdirectora, las presiones no se limitaban a conseguir puestos de trabajo, sino que también buscaban influir en contratos y procesos de contratación de la AISEM.
Mientras estas denuncias salen a la luz, ninguno de los tres diputados señalados —Bilbao, Medinaceli y Óscar García— aparece públicamente para responder. Bilbao difundió un comunicado en el que anunció que no hablará más del tema, mientras que Medinaceli concedió una entrevista, pero no respondió sobre el fondo de las acusaciones y dejó de aparecer incluso en la oficina que ocupaba en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo.
Medinaceli también podría enfrentar otro proceso penal por presunto uso indebido de bienes del Estado, debido a que tendría una oficina en la Casa Grande del Pueblo pese a ser parte del Órgano Legislativo. Deberá explicarse quién le entregó ese espacio y bajo qué autorización, una situación que podría comprometer a autoridades del Ejecutivo, entre ellas el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, o a quien hubiera dispuesto la asignación de esa oficina.
En medio del caso, Quiroga pasó de denunciar presuntas irregularidades y presentar audios que involucran a los legisladores a ser investigada por una denuncia de discriminación. La exdirectora sostuvo que los diputados buscaban direccionar licitaciones, además de gestionar contrataciones de personal, pero ahora figura como denunciada en el proceso.
A cinco días de que se conocieran los audios, el presidente Rodrigo Paz todavía no se había pronunciado sobre las denuncias. Aunque el vocero presidencial habló del tema, el silencio del mandatario deja al Gobierno sin una posición pública sobre las acusaciones que involucran a tres diputados de su partido.