La Paz, 21 de agosto de 2026.- La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dictó una sentencia que declara la "nulidad de pleno derecho" del juicio de responsabilidades contra el exministro de Defensa José Carlos Sánchez Berzaín y otros exmiembros del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos de octubre de 2003, conocidos como "Octubre Negro" o "Guerra del Gas".
El fallo, que concede una acción de libertad —el recurso que reemplaza al hábeas corpus en el Estado Plurinacional—, argumenta violaciones al debido proceso, la igualdad ante la ley y la verdad material. La resolución complementaria establece que el juicio "ha dejado de existir" y "tiene como efecto no haber nacido a la vida jurídica, por ende, sin eficacia legal", lo que implica el cese de todas las órdenes de aprehensión y medidas restrictivas contra los accionantes.
El exministro, quien salió al exilio la noche del 17 de octubre de 2003 rumbo a Estados Unidos junto al presidente depuesto, ha sostenido durante años que el proceso judicial fue una "persecución política judicializada" en el marco de "la traición de Carlos Mesa para la toma del poder por Evo Morales".
Sánchez Berzaín argumenta que el Decreto Supremo 27234, dictado por Mesa apenas 14 días después de la renuncia forzada, otorgó amnistía a los autores de los hechos de violencia, quienes luego se convirtieron en acusadores y perseguidores de las exautoridades. "No se da amnistía a los inocentes, la amnistía es perdón de los delincuentes", ha reiterado el exministro, quien acusa a Evo Morales y al propio Mesa de encubrir sus crímenes bajo el amparo del socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, el fallo ha desatado una ola de rechazo entre dirigentes sociales y abogados vinculados a las víctimas de la represión de 2003, que dejó más de 75 muertos y centenares de heridos, según registros de la época.
Eddy Condori, otrora dirigente de la Fejuve de El Alto, calificó la decisión como "preocupante" y advirtió que "nos van a volver a ver en las calles si se da curso a esta petición", porque los dirigentes sociales que participaron en las movilizaciones "podrían quedar expuestos a nuevos procesos".
Por su parte, el abogado constitucionalista Roberto de la Cruz cuestionó que Sánchez Berzaín, quien permanece en rebeldía, pueda recurrir a una acción de libertad, una garantía que protege la libertad personal ante detenciones indebidas, no para anular procesos judiciales completos. El abogado Thomas Becker fue más allá y calificó la iniciativa como "otro juego de Sánchez Berzaín" para evadir la justicia durante dos décadas.
La sentencia, que favorece únicamente a los exministros recurrentes, debe ser remitida en consulta de oficio al Tribunal Constitucional Plurinacional, un órgano señalado por el propio Sánchez Berzaín como parte del sistema de poder controlado por Evo Morales y el MAS. Sin embargo, el exministro ha advertido que cualquier fallo violatorio de derechos humanos que pueda emitir esa instancia podría ser denunciado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este fallo no solo anula un proceso judicial que ya había concluido con condenas contra exministros y militares, sino que sienta un precedente peligroso: en Bolivia, la justicia parece dispuesta a borrar de un plumazo las cuentas pendientes con las víctimas del "Octubre Negro", mientras los responsables de la represión, refugiados en el extranjero, celebran desde la distancia una impunidad que la Sala Constitucional de Cochabamba acaba de consagrar.