La Paz, 10 de septiembre de 2026.- Después de meses de hermetismo y de negativas oficiales, finalmente salió a la luz el anexo que muchas autoridades, legisladores y organizaciones sociales reclamaban: el contenido del acuerdo que el Gobierno de Rodrigo Paz firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder al desembolso de 1.900 millones de dólares. El documento, de 19 páginas, revela un paquete de medidas de ajuste estructural que impactarán directamente en el bolsillo y la calidad de vida de los bolivianos, y que el Ejecutivo jamás explicó con transparencia a la población.
El primer golpe, y el más visible, es la eliminación de la subvención a los combustibles. El propio memorando admite que esta medida generará "presiones inflacionarias y riesgos sociales considerables", afectando principalmente a los hogares vulnerables. Al subir el diésel y la gasolina, se encarece de inmediato el transporte público, los fletes de carga y, por efecto cascada, el precio de todos los productos de consumo diario que requieren traslado. Es decir, el pan, la verdura, alimentos en general y el pasaje costarán más, y quienes pagarán la factura serán los bolivianos.
El segundo impacto es la eliminación de los controles de precios sobre alimentos y energía. La canasta básica familiar se encarecerá, golpeando directamente la capacidad de supervivencia de los sectores de menores ingresos e incrementando el riesgo de pobreza alimentaria y energética. El Gobierno que prometió "proteger a los más pobres" firma un acuerdo que, por escrito, reconoce que empujará a más bolivianos a la inseguridad alimentaria.
El tercer golpe son los recortes en la inversión pública y el gasto estatal. La reducción del gasto corriente y la cancelación de proyectos de inversión contraerán fuertemente la demanda interna y la actividad económica a corto plazo. Esto significa parálisis en la construcción de infraestructura, menos obras, menos empleo y un freno a la reactivación que el Gobierno dice estar impulsando.
El cuarto impacto es la flexibilización cambiaria y la devaluación de la moneda. La adopción de un tipo de cambio guiado por el mercado traerá "efectos inflacionarios de segunda ronda". Al devaluarse el boliviano, cualquier producto, medicamento, insumo o maquinaria importada se volverá drásticamente más caro, empobreciendo a la población al reducir el valor real de su dinero. Es decir, los ahorros de las familias valdrán menos de un día para otro.
El quinto y sexto golpe son la eliminación de topes a las tasas de interés y el crecimiento de los impuestos. Retirar los límites a las tasas activas encarecerá el costo del financiamiento, asfixiando a las familias con créditos de vivienda o consumo e impidiendo que micro y pequeños empresarios accedan a préstamos baratos. Paralelamente, la aplicación de nuevas políticas tributarias extraerá más dinero de los contribuyentes, dejando a las familias con menos ingresos disponibles y a las empresas con menos margen para contratar personal.
El séptimo golpe, y quizás el más silencioso, es el aumento de las facturas de servicios básicos. El recorte a otras subvenciones directas e indirectas —señalando específicamente al sector energético— implicará un aumento en las facturas de electricidad y gas domiciliario, elevando el costo de vida fijo de todos los ciudadanos. El documento que Paz ocultó durante meses no es un acuerdo de rescate financiero: es una hoja de ruta de ajuste que los bolivianos pagarán con inflación, desempleo y pobreza, mientras el Gobierno sigue insistiendo en que "la economía se está recuperando".