La Paz, 20 de mayo de 2026.- El Gobierno de Rodrigo Paz atraviesa su peor crisis de gobernabilidad en seis meses de gestión, en medio de un creciente rechazo de los movimientos sociales que denuncian un viraje político de corte neoliberal. Dirigentes campesinos e indígenas de la Federación Departamental Única Tupaj Katari afirman que el mandatario no solo ha incumplido sus promesas electorales, sino que ha emitido una batería de decretos y normas que benefician a las élites económicas en desmedro de las mayorías populares.
Citaron como ejemplo la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, la apertura a la privatización de empresas estratégicas como ENDE y la liberalización del mercado de tierras que se pretendía ejecutar mediante la abrogada Ley 1720, son algunas de las medidas que han encendido las alarmas en el sector rural.
El Decreto Supremo que eliminó la subvención a los combustibles, se ha convertido en el símbolo más visible del descontento. Organizaciones sociales denuncian que esta norma derivó en la distribución de carburante de mala calidad que afectó a más de 200.000 vehículos entre el campo y la ciudad, sin que hasta ahora haya un solo detenido por causar un daño millonario a decenas de miles de personas y también al Estado.
Las pérdidas por vehículo oscilan entre 1.000 y 1.500 dólares, sin que el Estado haya cumplido con un efectivo resarcimiento de daños causados. A esto se suma la apertura al endeudamiento internacional con organismos como el FMI, una decisión que sectores populares interpretan como el preludio de futuras privatizaciones y ajustes estructurales.
DESPRESTIGIO CONTRA EL CAMPESINO
Paralelamente, el Gobierno ha desplegado una estrategia comunicacional orientada a deslegitimar la protesta social. Tanto el Ejecutivo como sectores afines han instalado un relato que califica a los manifestantes como "minorías", "mafias" o "violentos", negándoles su condición de actores políticos legítimos y representantes de mayorías tal como está establecido en la Constitución Política del Estado. Esta narrativa, denuncian los dirigentes campesinos, se nutre de expresiones racistas que reaparecen en el debate público y que buscan estigmatizar a quienes defienden sus territorios y recursos naturales.
En este contexto, los medios de comunicación tradicionales han sido señalados por los movimientos sociales como voceros oficiosos del oficialismo. La prensa convencional replica sistemáticamente la postura del Ejecutivo, invisibilizando la represión y los motivos de fondo de las protestas, mientras centra su cobertura en los bloqueos, el desabastecimiento y la violencia en las calles.
Se omite, según las denuncias, la "cacería de dirigentes" y la violencia estatal, que ha dejado detenidos y víctimas mortales. La crisis actual no es un conflicto administrativo menor, sino el choque entre dos modelos antagónicos de país.
Sectores campesinos e indígenas que votaron por Paz esperaban continuidad en la inclusión, pero denuncian que el mandatario "rompió con el mismo electorado que lo llevó al poder" al instalar un modelo que beneficia a las élites.
El gobierno busca reinstalar un Estado que prescinde de las organizaciones populares, regresando a la lógica de que el poder es patrimonio de una élite "capacitada", lo que ha reactivado la memoria histórica de la lucha por la dignidad y los recursos naturales.
Ante la falta de canales institucionales —un Parlamento sin oposición real—, la demanda social ha escalado hasta niveles críticos. Organizaciones como la COB, campesinos, maestros y gremiales concluyeron en un pliego que, más allá de leyes específicas, exige respuestas reales y concretas al presidente Paz, evidenciando un profundo agotamiento social.
La interrogante que queda flotando es estructural: ¿puede un gobierno implementar un ajuste económico y de apertura de mercados en un país donde los sectores populares han experimentado el poder real y se niegan a volver a ser subordinados? Por ahora, la respuesta de las calles ha sido un rotundo rechazo que amenaza con profundizar la ingobernabilidad.
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