28 enero 2026 .- El presidente Rodrigo Paz reconoció públicamente que su Gobierno manejaba desde “hace tiempo” información vinculada al denominado caso de las maletas, que involucra a la exdiputada Laura Rojas, incluyendo datos sobre un viaje en jet privado, el traslado de más de 30 maletas y el presunto uso de un pasaporte diplomático para eludir controles aduaneros.

La declaración presidencial introduce un elemento políticamente sensible en el caso: la admisión explícita de que el Ejecutivo tenía conocimiento previo de hechos que hoy son considerados de alta gravedad institucional, pero que no derivaron en acciones inmediatas ni en pronunciamientos oficiales oportunos.

Según Paz, el Gobierno optó por tomarse un tiempo para “entender la estructura” del caso antes de actuar, argumentando la complejidad de las redes involucradas. No obstante, sostuvo que, a partir de ahora, será la investigación penal y el sistema judicial los encargados de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El reconocimiento de este conocimiento previo plantea una cuestión central: si el Estado disponía de información sensible relacionada con posibles irregularidades en el uso de pasaportes diplomáticos, logística aérea privada y movimientos inusuales de equipaje, ¿por qué no se activaron de inmediato los mecanismos de control, fiscalización e investigación?

Más aún, el uso de documentación diplomática para evadir controles aduaneros, de confirmarse, no solo comprometería a personas individuales, sino que evidenciaría una falla estructural en los sistemas de seguridad del Estado, donde privilegios institucionales pueden convertirse en instrumentos de impunidad.

El presidente anticipó además que podrían surgir nuevos escándalos relacionados con este caso, lo que refuerza la percepción de que se trata de una trama más amplia que aún no ha sido completamente revelada al público.

En términos políticos, la admisión de Paz reconfigura el debate: el problema ya no es únicamente qué ocurrió con las maletas, sino por qué el Gobierno, teniendo información previa, no actuó de manera preventiva. La frontera entre prudencia institucional y omisión deliberada se vuelve difusa, y coloca al propio Ejecutivo bajo escrutinio.