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Persiste desconocimiento e incumplimiento de procedimientos para la interrupción legal del Embarazo en establecimientos de salud

La Paz, 30 de junio de 2021.- La Defensoría del Pueblo, en una verificación realizada a establecimientos de salud en distintos puntos del país, detectó que persiste el desconocimiento de la normativa e incumplimiento del procedimiento técnico, por parte del personal médico, para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); además de la inexistencia de equipos multidisciplinarios y falta de medicamentos e insumos.

La verificación defensorial, realizada en mayo de este año, abarcó a 39 centros de salud de segundo y tercer nivel, ubicados en 25 municipios del país, donde se entrevistó a 48 profesionales médicos, de enfermería y emergencias. Este trabajo es parte del seguimiento que la institución realiza al cumplimiento de las determinaciones del informe defensorial: “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres”, presentado en 2020.

“Durante la intervención realizada se identificó desconocimiento de la normativa y de los requisitos aplicables para una ILE, inexistencia de equipos multidisciplinarios para el abordaje a usuarias víctimas de violencia sexual, incumplimiento al plazo establecido para proceder con este procedimiento, ausencia de medicamentos e insumos en los establecimientos de salud, y falta de salas de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)”, precisó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Cruz indicó que la Defensoría del Pueblo en una anterior verificación realizada en 2020, ya identificó el desconocimiento de la normativa vigente, ausencia de infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos para aplicar la interrupción legal del embarazo, lo que podría derivar en vulneraciones a los derechos de las usuarias. En esta gestión, precisó, se detectó que ese panorama no cambió significativamente; aunque, el actual seguimiento no tuvo el mismo alcance que el pasado año debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19, razón por la cual se ha centrado en la necesidad de atención integral a las pacientes que solicitaron una ILE.

La nueva investigación detectó que persiste el desconocimiento de la normativa sobre la ILE en el 29,17% de los servidores públicos abordados, es decir, en 14 de 48, y que éstos no lograron establecer criterios claros ni objetivos respecto a las normas y procedimientos de la ILE.

También se encontró que el 60,42% (29) de los servidores públicos considera que los requisitos para una ILE incluyen la presentación de una orden judicial, realizar una junta médica y/o una valoración del diagnóstico médico, cuando la Sentencia Constitucional Plurinacional 206/2014 establece que sólo se requiere la presentación de la denuncia.

Un 54,17% (26) del personal entrevistado mostró que no tenía claridad en los plazos establecidos para el procedimiento técnico de la ILE o expresaron que éste dependía de la junta médica o la valoración médica, lo que no es correcto. El restante 45,83% (22), respondió en conformidad con el procedimiento. Asimismo, el 52,08% (25) señaló que en su establecimiento de salud se realizan juntas médicas para casos ILE, hecho, según dijo la Defensora, alarmante que muestra el desconocimiento de los prestadores de salud sobre los requisitos establecidos.
El 52,08% (25) afirmó que en su establecimiento de salud se realizan juntas médicas para la ILE, y el otro 47.92% (23) señaló que no realizan esas juntas. Sobre la objeción de conciencia, el 81,25% (39) de los profesionales indicó que sí la conocían y el 18,75% (9) indicó que desconocían o no tenían claro el tema. Con relación a la capacitación, el 56,25% (27) de los profesionales en salud indicó que la recibieron, en tanto el otro 43,75% (21) dijo que no.
La verificación defensorial también mostró que el 23,08% (9 de 39) de los establecimientos de salud visitados contaba co

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