Tribunal Supremo Electoral asegura que tiene atribución para regular elecciones de partidos políticos
viernes 6 de mayo 2022.- El vocal Francisco Vargas remarcó el tema tras la impugnación que presentó el MAS, señalando que la institución no tiene facultades para llamar a elecciones internas
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, afirmó la tarde de este jueves que esta institución tiene la atribución de regular y fiscalizar las elecciones internas de las organizaciones políticas y adelantó que en sala plena analizarán el recurso de revisión por el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) rechaza la conminatoria para renovar directivas hasta fines de septiembre.
El miércoles, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo a la ANF que su partido impugnó la resolución 128/2022, del 29 de marzo, que exhorta a los partidos políticos, cuyos dirigentes ya fenecieron mandato, a renovar directivas hasta fines de septiembre. El representante del partido gobernante afirmó que el TSE no tiene atribución de convocar a congresos ni conminar con plazos.
El MAS impugna conminatoria del TSE que exige a los partidos políticos renovar directivas hasta septiembre
«El plazo lo ha establecido el Tribunal Supremo Electoral, la resolución se enmarca en el artículo 7 inciso e) de la ley 1096 (de organizaciones políticas) sobre la atribución de regular y fiscalizar a las organizaciones políticas. Nosotros no convocamos, nosotros hacemos cumplir la ley de organizaciones políticas», dijo a la ANF el vocal Vargas.
La autoridad electoral confirmó que el MAS planteó un recurso extraordinario de revisión a la resolución 128 y será analizado en sala plena. «Tendremos que ver el recurso que han presentado y tomar una decisión en el marco de la sala plena, la atribución que hemos planteado en una resolución tiene fundamentación jurídica», sostuvo Vargas.
El artículo señalado por el vocal, en su inciso e), refiere a las atribuciones del TSE: «Regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas para que se sujeten a la normativa vigente y a sus estatutos, especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como a las condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales y referidas a la prevención, atención y sanción del acoso y/o violencia política hacia las mujeres
