Diputados aprueban ley que obliga a candidatos a debatir o enfrentarse a multas
27 de marzo 2025.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves un proyecto de ley que obliga a los candidatos a participar en debates electorales, con sanciones que incluyen multas económicas y la suspensión de pautas publicitarias en medios masivos en caso de incumplir con esta obligación. La norma fue remitida al Senado para su revisión y posterior sanción.En comparación con la propuesta inicial, el proyecto aprobado establece que los candidatos deberán participar de manera presencial en los debates organizados por el Órgano Electoral Plurinacional. Según el parágrafo segundo del artículo 137 bis, que será incorporado a la Ley 026 del Régimen Electoral, los candidatos deberán asistir a los debates hasta 15 días antes de la fecha de las elecciones, con la organización y ejecución de los mismos a cargo del órgano electoral.Originalmente, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) planteaba que los candidatos que no cumplieran con la obligación de participar en los debates serían sancionados con la suspensión de la subvención pública para el fortalecimiento de sus campañas. Sin embargo, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se incorporaron sanciones económicas y la suspensión de la pauta publicitaria en los medios de comunicación como medidas adicionales.La futura ley establece la obligatoriedad de los debates electorales públicos para los candidatos a los cargos de presidente y vicepresidente, con el objetivo de informar al electorado sobre sus propuestas y fomentar un voto informado. Según el proyecto, los debates serán transmitidos en directo por todos los medios de comunicación estatales, y los medios privados podrán retransmitir la señal.La disposición única y transitoria de la ley establece que el TSE tendrá un plazo de hasta 60 días para reglamentar el debate obligatorio y público. La iniciativa ya ha sido enviada al Senado, cuyo presidente, Andrónico Rodríguez, de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), se ha manifestado en contra de la norma aprobada en Diputados.
