27 de abril 2026.- La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se declaró en estado de emergencia nacional y movilización permanente, otorgando un plazo de 15 días hábiles —hasta el 6 de mayo de 2026— para que el Gobierno atienda las demandas del sector. La decisión advierte con la escalada de medidas de presión, incluyendo bloqueos y un paro general indefinido, en caso de incumplimiento.
La resolución fue emitida tras un ampliado nacional y ratifica las determinaciones asumidas en el cabildo del 11 de abril. En el documento, la organización expresa su “preocupación e indignación” por la aprobación de normas que, según sostiene, vulneran la estructura de la propiedad agraria, la función social de la tierra y los derechos colectivos reconocidos en la Constitución.
El pronunciamiento también cuestiona la falta de respuestas “concretas y oportunas” por parte de las autoridades, lo que —señala— profundiza la crisis social y económica. En ese contexto, la CSUTCB remarca la necesidad de una acción coordinada con la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones para articular una defensa conjunta de los derechos del pueblo.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el rechazo y desconocimiento de la Ley N° 1720 (antes Proyecto de Ley 157/2026), promulgada en abril, a la que califica como “inconstitucional y lesiva a los intereses del pueblo boliviano”, por considerar que afecta a los pueblos indígena originario campesinos y permite la conversión de pequeñas propiedades agrícolas a medianas, vulnerando principios constitucionales.
Asimismo, la organización expresa respaldo “total, orgánico y combativo” a la marcha campesina que partió desde el departamento de Pando hacia la ciudad de La Paz, considerándola una medida legítima de presión ante la falta de atención gubernamental.
