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Informe final de GIEI establece que en Bolivia se cometieron graves violaciones a los derechos humanos

En el último trimestre del año 2019

 

Marlon Weichert, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia, manifestó que las conclusiones del Informe del GIEI determinan graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Estado Plurinacional de Bolivia en el último trimestre de 2019 en el marco de un conflicto político rodeado de violencia dejando al menos 37 fallecidos en diferentes lugares del país y personas lesionadas con la aplicación de ejecuciones sumarias por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, homicidios cometidos por particulares facilitados por agentes estatales.

“En síntesis el GIEI ha confirmado que los derechos a la vida a la libertad y seguridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías privadas, al debido proceso, libertad de expresión y asociación, a la salud, a la propiedad, al trabajo, a la información fueron vulnerados”, enfatizó.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, comprobó dos masacres en acciones militares, también de modo recurrente la tortura y otros atentados a la integridad personal de personas que estaban en control del Estado, la Policía y las Fuerza Armadas de forma separada o en acciones conjuntas utilizaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y fracasaron en prevenir actos de violencia en grupos de civiles que atacaron a ciudadanos y ciudadanas.

En este período, personas civiles detuvieron a otras personas cometiendo secuestros con complicidad o adherencia de agentes de Estados, otros atacados por armas de fuego en emboscadas, los servicios de salud y ambulancias fueron desprotegidos y sufrieron consecuencias que son actos de violación de derechos humanos.

Muchos periodistas fueron atacados resultando heridos y no fueron protegidos por las fuerzas del orden, asimismo algunos fueron protegidos, se debe destacar la discriminación de género y la violencia sexual donde las mujeres fueron las más afectadas en este conflicto, justicia incapaz de detener, sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos actuando sin el debido proceso ni diligencia permitiendo la persecución política.

Puntualizó que la sociedad de Bolivia tiene sed de justicia pero a su vez teme que la justicia sea selectiva e instrumento político para la impunidad por ello es necesario una firma voluntad política, explícita para garantizar la independencia de las instituciones que deben trabajar en estricta observancia con diligencia y debido proceso.

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