18 de enero 2026 .- La Central Obrera Boliviana (COB) encendió la polémica al plantear que las autoridades del Gobierno que no cumplan sus promesas sean castigadas con hasta 20 años de cárcel, como condición para respaldar un Proyecto de Ley Antibloqueos.
La propuesta generó una ola de reacciones, ya que criminalizar el incumplimiento de promesas políticas abre un debate jurídico y político sin precedentes en el país. Mientras sectores afines al oficialismo defienden la medida como un mecanismo de “responsabilidad política”, analistas y opositores advierten que podría convertirse en una herramienta de presión y persecución contra futuras autoridades.
El planteamiento de la COB surge en un contexto de tensión social, donde el Gobierno busca frenar los bloqueos que afectan a la economía nacional. Sin embargo, la advertencia de penas de cárcel ha sido calificada por críticos como extrema, populista y peligrosa para la democracia.
La discusión recién comienza, pero el mensaje es claro: sin promesas cumplidas, no habrá respaldo sindical.
