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INICIOSEGURIDAD CIUDADANA

Ministerio de Gobierno realizó la compra de gases lacrimógenos sin intermediarios y amparados en la normativa vigente ahorrando al país más de Bs 16 millones.

La Paz, 12 de abril de 2023 – El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dio una explicación pormenorizada acerca de la adquisición de gases lacrimógenos por parte del Estado Plurinacional. La autoridad destacó que en la actual gestión se adquirieron estos insumos sin ningún intermediario, como ocurrió en la administración del exministro Arturo Murillo, y que el Gobierno Nacional tiene la tuición legal para realizar la compra de agentes químicos con empresas legalmente establecidas.

“Hemos instruido la eliminación de intermediarios para la contratación dentro del territorio nacional. Siempre realizamos las compras de manera directa a las empresas que nos ofrecen menores recursos y evidentemente elementos de calidad, por tanto, queremos demostrar que somos la primera gestión que está comprando de manera directa (gases lacrimógenos) para generar recursos y beneficios a todo el pueblo boliviano”, señaló Del Castillo.

Recordó que, en Gobierno de Facto, Arturo Murillo realizó la compra de gases lacrimógenos y equipamiento antimotines en el exterior de manera directa, valiéndose de tres Decretos Supremos. En ese entonces, el Ministerio de Gobierno mandó una carta a la empresa Cóndor – fabricantes de agentes químicos – indicando que toda compra se realizaría a través de la empresa Bravo Tactical Solutions, representada por Bryan Berkman Littman, quien fuera el intermediario y amigo cercano de la ex autoridad.

En anteriores conferencias de prensa el ministro Del Castillo expuso como se conformó una asociación criminal que saqueó los recursos públicos del erario nacional. Se erogaron USD 5,7 millones para la adquisición de agentes químicos, de los cuales USD 3,3 millones fueron a parar a arcas de la empresa Cóndor, en calidad de pago, y un sobrante de USD 2,3 millones fueron para la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.

A consecuencia, el Gobierno Norteamericano procesó por sobornos y lavado de dinero a Arturo Murillo Prijic, Sergio Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. Todas estas personas conformaban una agrupación delincuencial que tenían como fin enriquecerse a costa del Estado Plurinacional de Bolivia, afectando la economía nacional.

Asimismo, indicó que acorde con la Ley No 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales, el Ministerio de Gobierno puede “adquirir armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados de uso policial”, acorde con los requerimientos de las fuerzas del orden.

La autoridad recalcó que para gestionar la adquisición de agentes químicos se realizaron solicitudes a varios fabricantes y proveedores nacionales e internacionales. Solo tres empresas respondieron las solicitudes de compra, de estas dos situadas en el territorio nacional y una en el exterior, Cóndor Industria Química S.A. Acorde con las cotizaciones se determinó adjudicar la compra a la empresa extranjera, debido a que tenía un costo menor y posibilitaba un ahorro significativo al Estado.

“No actuamos como la gestión del señor Arturo Murillo, creando empresas fantasmas para beneficiarse y enriquecerse, sino que hemos eliminado a intermediarios. No hemos desviado ni un solo centavo a ninguna empresa de manera ilegal, aquí no se ha beneficiado nadie (…) Además de no haber desviado, hemos generado un ahorro de 16 millones de bolivianos”, sentenció la autoridad recalcando que ese dinero será invertido para mejorar las condiciones de la Policía Boliviana.

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