10 de febrero 2026 .- A un día de hacerse públicos los contratos que evidencian un sobreprecio de hasta cuatro millones de dólares al mes en la compra de crudo por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el presidente Rodrigo Paz mantiene un silencio absoluto, sin pronunciamiento alguno, ni siquiera a través de sus ministros. La falta de respuesta genera cuestionamientos sobre la transparencia y la fiscalización de los recursos del Estado.
Los documentos comparan los contratos con la anterior proveedora, Botrading S.A., y los de la actual gestión con Trafigura, mostrando aumentos significativos en los márgenes adicionales por barril en puntos de entrega clave como Pocitos y Arica. A pesar de la diferencia millonaria, ni el Presidente ni su gabinete se han referido públicamente a la situación, lo que ha encendido las alarmas en el ámbito político.
En reacción, asambleístas de distintas bancadas exigieron explicaciones inmediatas al gobierno de Paz y anunciaron que se iniciará un proceso de fiscalización sobre YPFB para determinar las razones del sobreprecio y evaluar posibles responsabilidades legales de quienes aprobaron los contratos. La medida busca esclarecer si las decisiones adoptadas en la actual gestión afectan el bolsillo del Estado.
Con apenas tres meses de gobierno, la ausencia de pronunciamientos oficiales y la presión de la Asamblea Legislativa plantean un dilema: la información sobre el sobreprecio se conoció ayer, pero el Presidente aún no da explicaciones, y la fiscalización anunciada podría convertirse en grave problema dentro de su administración.
