La Paz, 21 de marzo de 2026.– Documentos, declaraciones de funcionarios y el propio organigrama institucional sustentan la denuncia sobre la captura del Ministerio de Trabajo por parte de un grupo familiar vinculado directamente al ministro Edgar Morales Mamani. Las evidencias apuntan a una red de nepotismo y tráfico de influencias que ha desplazado la meritocracia en favor de lazos sanguíneos y acuerdos clientelares.
En el centro de las críticas aparece Abraham Morales, hijo del ministro, quien percibe 10.000 bolivianos mensuales como asesor parlamentario sin que medie un proceso de selección público. Su designación es uno de los vínculos más explícitos que conectan la cúpula del Ministerio con el entorno familiar del titular. A su alrededor se configura una estructura encabezada por la diputada Sonia Siñani Calisaya, con un salario de 24.000 bolivianos, calificada en la investigación como la “cabeza” del clan.
Desde esa posición la legisladora coordina la inclusión de parientes en puestos clave: Juan Saína (asesor, 18.000 Bs.), Anahí Helen Laura Siñani (secretaria del ministro, 16.000 Bs.), quien es hermana de Sonia Siñani y cuñada del ministro, y Marina Siñani Calisaya (hermana de Sonia, 12.000 Bs.).
El núcleo duro del manejo institucional también incluye a Graciela Chura Quispe, pareja del ministro y directora General, con una remuneración de 22.000 bolivianos; Marcelo Rejas Trigo, asesor principal (22.000 Bs.); y Giovanni Miranda Avendaño, director de comunicación (primo de Rejas). A ellos se suma Nelson Salinas Flores, director de asuntos jurídicos (23.000 Bs.), quien mantiene un doble rol al articular resoluciones ministeriales con su propio bufete “Salinas y Asociados”.
Las irregularidades se extienden al tráfico de cargos. Según la denuncia, Jhonny Morales Mamani (hermano del ministro) y Nelson Salinas Flores habrían gestionado la designación de más de 30 personas cada uno, consolidando una red paralela de poder dentro del ministerio.
Paralelamente, Grisel Shantal Morales Chura, hija del ministro y de Graciela Chura Quispe, figura como candidata a concejal por la agrupación de Manfred Reyes Villa, con indicios de que su campaña recibiría financiamiento vinculado a las mismas estructuras denunciadas.
Organizaciones sociales y ciudadanos exigieron al Gobierno nacional, a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción el inicio de una investigación inmediata, que incluye la remoción de los funcionarios designados bajo criterios de parentesco y la determinación de responsabilidades penales y administrativas contra los involucrados, especialmente contra el ministro Edgar Morales Mamani, como máxima autoridad responsable de la institucionalidad de su cartera.
