“No, no estoy en Perú, estuve en Brasil por razones médicas, luego de ello pensé en quedarme en Perú, sin embargo, vi que las condiciones, tanto políticas como económicas no eran las mejores, decidí venirme a Estados Unidos, estoy en Estados Unidos desde el 22 de febrero y estamos haciendo los trámites necesarios para poder solicitar el asilo (político)”, indicó en contacto con el programa Fama Poder y Ganas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
Justiniano fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso Golpe de Estado I, al cual no se presentó debido a que tuvo que viajar a Brasil supuestamente por temas de salud.
El exministro Justiniano —según la parte denunciante— representó al excívico Luis Fernando Camacho en las reuniones extra legislativas en la Universidad Católica Boliviana donde presuntamente se definió que Áñez tome el poder tras un quiebre del orden constitucional en noviembre de 2019.
Por ello fue posesionado como Ministro de la Presidencia como parte de la cuota de poder de Camacho en el régimen de Áñez.
El abogado y político se mantuvo 21 días en el cargo y luego fue echado por el régimen.
Justiniano denunció en su momento que la presidenta de facto no tenía capacidad ni liderazgo, su gobierno fue corrupto y un ministro, Arturo Murillo, le susurraba al oído.
Jerjes Justiniano había declarado a la prensa en mayo de 2021 que la presidenta de facto encubrió hechos de corrupción de su entonces ministro de Gobierno en la compra de gases lacrimógenos.
Decreto de la muerte
Jerjes Justiniano fue uno de los ministros que firmó, junto a Áñez, el Decreto Supremo 4078, bautizado luego como el “decreto de la muerte”, el 15 de noviembre de 2019.
El decreto de la muerte, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares y policías, luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.
Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.
